LA INSEGURIDAD COMO PRODUCTO SOCIAL

Un grupo de mendocinos preocupados por la situación social del país y en especial de nuestra provincia, ligados por el interés en una mejor y mayor democracia, el cuidado de las instituciones y mejores oportunidades de vida para todos, nos hemos autoconvocado en el grupo Carta Abierta, que nació en Capital Federal recientemente, y que se ha constituido en diversos sitios de nuestro país. En base a ello, queremos manifestarnos frente a los problemas por los que actualmente atravesamos.

Hemos asistido a nivel nacional en los últimos meses a una tenaz ofensiva de los sectores más conservadores. Montándose sobre el conflicto con la patronal agropecuaria, ha dado lugar a absurdos como pretender que los más ricos de la sociedad son el pueblo, suponer que se puede aplicar criterios racistas contra las manifestaciones de los más pobres, asumir que un gobierno que pretende limitar rentas excesivas estaría afectando derechos legítimos, o mostrar a quienes por la fuerza tomaron rutas múltiplemente, como si fueran pacíficos campesinos agredidos por un gobierno que –por cierto- tuvo la consideración de no reprimirlos.

La insolencia de cierto lenguaje mediático hacia la máxima autoridad de la república ha alcanzado ribetes extremos, así como el irrespeto en el tratamiento a su entorno de gobierno, atacado con peores palabras que a quienes asesinaron con la dictadura de 1976, o a los que depredaron literalmente al país a partir de 1989.

En este clima destituyente que ha invertido los valores hasta el punto de convertir un acto de deslealtad en pretendida virtud cívica, le toca a la provincia de Mendoza soportar un momento de fuerte conmoción social a partir de sucesivos hechos de violencia delictiva agudizados en las últimas semanas.

Son hechos absolutamente lamentables, que han cercenado vidas humanas, y que llenan de angustia al conjunto de la población. Ello sucede cuando cierta espectacularización de tales hechos, sobre todo por vía televisiva, multiplica el sentimiento de vulnerabilidad social, a la vez que no ofrece ningún tipo de explicación que permita ir buscando salidas al problema.

La angustia lleva a parte de la ciudadanía a imaginar que la consabida vía de la “mano dura” sería la única respuesta eficiente. Esto impide advertir las causas estructurales de la situación, cerrando la mirada a las condiciones sociales que la propician.

De tal modo, la sociedad no advierte que la responsabilidad no es toda de los gobiernos, aunque a ellos les quepa una parte que es primaria e indelegable; también existe la de ciudadanos que votaron y apoyaron la liquidación del patrimonio nacional, propiciaron la venta a precio vil de nuestras empresas estatales históricas como YPF, o transaron con la corrupción rampante de los años noventa con la doble ética del “roban, pero hacen”. Así, se está colaborando a la vigencia de un sistema socio-político-económico que lleva a una persistente e injusta distribución de la riqueza y de los bienes sociales y culturales, el cual sólo promueve la corrupción, el resentimiento, la marginación y la violencia.

Y vemos reaparecer lenguajes que –desde una desesperación comprensible pero no aceptable-, llaman a la represión sistemática como única forma de enfrentar la violencia delictiva, avivando el fuego de una espiral creciente de beligerancia. Ello, mientras se apela a los modelos más difundidos sobre la violencia social que ponen a los jóvenes, sobre todo a los provenientes de los sectores sociales marginalizados, en condición de sospechosos sistemáticos y permanentes.

Por otra parte, cuando se habla de seguridad, se deja de lado aspectos decisivos de la seguridad, que son sociales: tener trabajo seguro, hogar seguro, salario asegurado, educación y salud garantizadas. La seguridad tiene muchas más dimensiones que aquellas que se proponen en el discurso habitual, y que no son puestas a consideración. Sólo se toma en cuenta lo que afecta la seguridad de los que tienen mejores condiciones de vida.

A su vez, muchos de los que lanzan las voces más guerreras y autoritarias sobre el tema seguridad, son los que defendieron y defienden el privilegio social de unos pocos, con la consiguiente miseria para millones de argentinos. No se puede estar con la patria sojera de terratenientes y rentistas, y a la vez con la búsqueda de la integración social que restaure la seguridad. No hay paz social si se deja fuera de la sociedad a millones de compatriotas a los que sólo les cabe la miseria, la calle, la indigencia.

Desde Carta Abierta llamamos a hacer una interpretación a fondo del tema seguridad, que impida que la difícil situación nos lleve a soluciones autoritarias. Reivindicamos la defensa universal de los derechos humanos, que nada tiene que ver con el auge del delito, pues incluye también los derechos de las víctimas. Llamamos a una mayor eficiencia de la justicia, y a que ésta ponga también la mira en los flagrantes delitos de guante blanco, a menudo no castigados. Rechazamos los lenguajes que hablan de guerra y de aniquilamiento, en vez de sostener una noción integral de la seguridad pública. Exigimos una acción policial subordinada al poder político, acorde siempre al derecho y a la ley, y no amparada en la impunidad.

Finalmente, enfatizamos que no puede obviarse la importancia de la cobertura y calidad educativas para un concepto abarcativo de seguridad, advirtiendo que ellas sólo pueden ser efectivas si los testimonios sociales vigentes resultan coherentes con los valores que se proclaman en lo escolar.

Planteamos que la calidad educativa es un pilar decisivo para un concepto pleno de seguridad social, y subrayamos una vez más que sólo si construimos un país y una provincia con reales oportunidades para todos/as, estaremos en posibilidad de revertir las duras condiciones del presente.-