PROTECCIÓN DE LOS GLACIALES Y AMBIENTE CIRCUNDANTE


30 de noviembre de 2008

Carta Abierta Mendoza expone su punto de vista sobre la Ley Nº 26418 (Ley de Presupuestos mínimos ambientales de Protección de los glaciares y ambiente periglacial):

Uno de los recursos más valiosos que tenemos en la Argentina es el agua, y en el contexto internacional hay una preocupante escasez de este recurso fundamental para la vida. En el siglo XXI viviremos conflictos por el agua, ya que el "oro azul" se está convirtiendo en uno de los recursos estratégicos más importantes. De toda el agua que hay en el planeta, sólo el 2.59% es dulce y de ésta, el 70% está congelada en los polos y en los glaciares. Estos son reservas de agua dulce, fundamentales en nuestra Cordillera de los Andes, pues en ellos nacen muchos ríos.

La masa de los Glaciares sirve como regulador: durante las estaciones secas “se derrite” en parte y aporta agua; durante las temporadas de mucha nieve, acumula el agua y evita que se derrame aguas abajo. En años de escasa precipitación nival en nuestra zona, los glaciares suministran hasta el 70% de los caudales de los ríos en Mendoza y San Juan. Por eso tenemos el deber de cuidarlos.

La idea de los legisladores nacionales, fue proteger a los glaciares y al ambiente periglaciar y contaron para elaborar la ley, con el asesoramiento de los principales expertos argentinos en el tema (IANIGLA). Con la sanción de la ley 26.418, la Argentina podía proteger estas fuentes de agua dulce ya que se disponían dos medidas principales: la creación de un Inventario Nacional de Glaciares y la prohibición de la exploración y explotación minera o petrolífera, en los glaciares y en el ambiente periglacial saturado en hielo.

Daniel Filmus, cuando presentó el proyecto de ley en el Senado, dijo: "Hablamos de uno de los temas más importantes que puede tener la Argentina en el futuro. Un tema que no contaba con una legislación específica y que es fundamental y decisivo, porque aludimos principalmente a las reservas de agua de nuestro país. Y sabemos que las reservas de agua, no sólo en nuestro país sino en todo el mundo, constituyen uno de los recursos esenciales".

El día 10 de noviembre pasado, el Ejecutivo Nacional vetó por Decreto 1837 la mencionada ley, que no pudo ser promulgada. El artículo 6 de la ley vetada fue uno de los más controvertidos, pues prohibía actividades en las áreas de los glaciares, para evitar su destrucción o traslado. Las actividades prohibidas eran las siguientes:

-La disposición de sustancias contaminantes, residuos o productos químicos (esto incluye cianuro, imprescindible en la minería del oro o ácido sulfúrico, usado en la minería del cobre).

-La construcción de “obras de arquitectura” o infraestructura sobre los glaciares (por ejemplo caminos, túneles, puentes).

-La Exploración y Explotación de minerales en el ambiente glacial y periglacial, así como la instalación de Industrias.

Seguramente en la decisión del veto Presidencial influyeron el impacto de la Norma sobre las economías de las provincias con importante desarrollo minero, entre ellas San Juan, Catamarca y La Rioja y la opinión de sus respectivos Gobernadores, y el tratado preexistente con la República de Chile. Este tratado fue firmado en diciembre de 1997 (en San Juan) y en agosto de 1999 (en Antofagasta) y convertido en Ley 25.243 por el Senado de la Nación en Marzo del año 2000.

Estos antecedentes no nos impiden mencionar que la empresa canadiense Barrick Gold, una de las mineras más grandes del mundo, tiene en proyecto sobre la cordillera de los Andes (y amparada en el marco del “Tratado sobre Integración y Complementación Minera”, oportunamente firmado por los gobiernos de Argentina y Chile), el yacimiento PASCUA LAMA: “Pascua” sobre territorio chileno y “Lama” sobre el argentino.

La Corporación Barrick Gold obtendrá del yacimiento de Pascua Lama una producción de 5.000 toneladas de cobre, 615.000 onzas de oro y 18,2 millones de onzas de plata, o sea unos 26000 millones de dólares, de acuerdo a los precios actuales de los mencionados metales.

Pero sucede, que buena parte de los depósitos metálicos se encuentran debajo de los glaciares Toro I, II y Esperanza y esta ley tornaría imposible el avance del Proyecto.

En este escenario, Carta Abierta Mendoza rescata la mecánica institucional utilizada, tanto por el lado del Congreso Nacional, como por el lado del Poder Ejecutivo haciendo uso de sus atribuciones, ya que ambas cosas permiten poner en el tapete -democráticamente y dentro de las reglas del juego institucional- los temas de fondo con relación a DOS cuestiones estratégicas: el Agua y la Minería.

Estos DOS aspectos, que en Mendoza nos afectan directamente, deben ser tratados, en función de los intereses soberanos de nuestro pueblo, pensando en el modelo de provincia para las próximas centurias, preservando y desarrollando nuestros recursos naturales, tal como reiteradamente ha expuesto el Gobierno Nacional: priorizando el aspecto social sobre el aspecto económico dictado por el mercado. El Bicentenario, además, debería encontrarnos refundando la Provincia en éstos y en otros temas trascendentes.

Nos debemos, entre otros, la modificación de las leyes mineras de los ´90; la Ley de Suelos y el re-estudio de nuestra Ley de Aguas, aspectos de los cuales depende el modelo productivo que deseamos para la Provincia.
Por todo lo argumentado precedentemente, Carta Abierta Mendoza apoya explícitamente los contenidos conceptuales de la Norma vetada y aboga por su aprobación definitiva.

Tanto el Gobierno Provincial como el Nacional tienen la obligación de hacerse eco de estas preocupaciones dado la importancia estratégica que estas cuestiones tienen para el cuidado de nuestros recursos, y para el bienestar mayoritario del pueblo argentino.

AFJP UNA CUESTIÓN DE FONDO

Noviembre de 2008

Carta Abierta Mendoza se manifiesta una vez más ante una problemática de tan profunda significación social como es el destino de las jubilaciones de los argentinos.

El Gobierno Nacional envió al Congreso el proyecto de traspaso de los fondos de las AFJP hacia el Estado, proyecto que cuenta con un alto consenso popular. El Ejecutivo tomó esta decisión en el marco de la crisis económica global, luego de la mayor caída en la historia del sistema financiero internacional. En este sistema invertían las AFJP y, después de quince años de desfinanciamiento, congelamiento y recorte de jubilaciones (como resultante del paso del sistema de reparto a capitalización), el Gobierno decidió tomar esta impostergable decisión.

La discusión en torno a esta medida implica remitirse necesariamente a la concepción de un proyecto de país que trasciende la presente coyuntura, planteando un cambio estructural en la actual configuración del Estado. Esta particular circunstancia parece explicar la virulencia de los ataques a dicha propuesta por parte de los sectores más reaccionarios del “establishment”. Ellos están articulados en el núcleo más duro de un segmento de la oposición y con la logística de una salvaje estrategia mediática, tendiente a desviar el eje central de la discusión.

El cambio planteado tiende a recuperar los históricos conceptos de seguridad social que la sociedad argentina había internalizado, fundados en la solidaridad intergeneracional, y que fueran tergiversados por la lógica especulativa del mercado de capitales.

Por lo tanto es necesario manifestar abiertamente en qué sociedad queremos vivir, qué intereses se defienden en cada caso y, en consecuencia, qué rol le corresponde al Estado según la Constitución Argentina con respecto a la previsión social.

Para esto es necesario revisar la historia de los últimos 15 años.

En los 90, durante el menemato, en el auge del neoliberalismo, se llevó a cabo la modificación del sistema previsional argentino, en el marco de la denominada “reforma del Estado”. Éste quedó reducido al mínimo, quitándole sus posibilidades y su ingerencia, pero no su responsabilidad como garante del haber mínimo jubilatorio (pues la establece la Constitución Nacional). Gran parte de los fondos conformados por los aportes jubilatorios fueron transferidos al ámbito privado y la suerte de la tercera edad quedó librada al libre juego del mercado.

La escalada del poder financiero a partir de 1976 y consolidada en los 90, fue abonando, a través de un conjunto de medidas combinadas mediante Leyes y/o Decretos del Ejecutivo, el modelo de Estado que implementó el cambio. Éste fue apoyado por los medios que proclamaban y exaltaban las virtudes del individualismo y de la capitalización a través de las AFJP, desacreditando el sistema solidario estatal de reparto.

Fuimos muchos los que denunciamos las consecuencias nefastas de este modelo, y luchamos contra su imposición. Hoy la historia nos ha dado la razón, pues el Estado Nacional debió salir al rescate de aquellos que aportaron por años a las AFJP y no les alcanza para una jubilación mínima (subsidio al 77% de los jubilados de AFJP). Además, debe tomar medidas urgentes para evitar mayores daños con la caída en picada del valor de los depósitos y, por ende, de las posibilidades jubilatorias de las mayorías.

Esto no es otra cosa que cumplir con su rol constitucional e irrenunciable de garante de la previsión social.

La privatización compulsiva de las jubilaciones fue posible a partir de la implementación de una táctica publicitaria que incluyó medidas de facto tales como:

§Privación del derecho a elegir, mediante la afiliación compulsiva de los nuevos trabajadores (jóvenes); traspaso ilegítimo de los mayores, sin dar tiempo ni información suficiente para elegir, y después de una seudo-consulta que no se respetó.

§Adoctrinamiento de un ejército de jóvenes promotores que se introducían en todos los ámbitos de trabajo para vender jubilaciones (a cambio de una comisión, y en circunstancias en que no podían conseguir otro trabajo digno y estable).

§Campañas mediáticas pro-capitalización acerca de las supuestas ventajas del individualismo. Los aportantes a las AFJP vivían en la ficción de ser accionistas (creyendo conseguir como inversionistas mayores montos para jubilarse, sin compartir su suerte con los demás).

§Estrategias de venta que se articularon sobre el ocultamiento total o parcial de la información.

§No se manifestó que el traspaso de aportes desde el Estado al ámbito privado significaba desfondar las arcas fiscales y desfinanciar a la ANSES.

Todo esto se combinó con otras medidas de despojo tales como: la baja de aportes patronales y del trabajador; trabajo en negro (es decir sin aportes), descuento del 13% a las jubilaciones, desocupación, aumento de la edad para jubilarse en los regímenes especiales, etc., que también impactaron negativamente sobre el sistema previsional. Al mismo tiempo, profundizaban en la misma dirección un modelo político-económico nefasto de saqueo y exclusión de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, que inevitablemente pasaban a engrosar las abultadas arcas de la miseria.

Alcanza para graficar, con mencionar los aproximadamente doce mil (12.000) millones de dólares apropiados por las AFJP en concepto de comisiones –por cada 100 pesos dólares aportados, 35 eran retenidos en concepto de costo de administración-
Esto realmente aconteció en nuestro país.

Afirmamos que el Estado debe intervenir para satisfacer los derechos fundamentales de la ciudadanía, establecidos en la Constitución. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para su tratamiento y sanción busca cumplir tal finalidad, y se encuentra abierto a las sugerencias de reformas propuestas por los distintos legisladores de la oposición, en el pleno ejercicio de sus facultades de representación democrática.

Se trata de la recuperación de las jubilaciones para todos los trabajadores y de la dignificación de la tercera edad, dentro de un proyecto de sociedad más justa y con un Estado garante del bienestar social.

Además, ante el congelamiento de fondos ordenado por el juez norteamericano Griessa, el Estado Argentino demanda a las AFJP por no haber custodiado debidamente los fondos pertenecientes a los aportantes, y exige la repatriación de los fondos invertidos en el exterior. A nadie le caben dudas de que es el poder financiero quién debe pagar las consecuencias de sus propios errores y que no es justo ni legítimo trasladar sus pérdidas al pueblo.

La política de previsión social impulsada por el Gobierno Nacional es coincidente con la desarrollada en otros países de la región que ya se encuentran abocados al replanteo y modificación de lo que constituyó un experimento implantado en la periferia por los países centrales. Estos países hegemónicos, a pesar de ser ultracapitalistas, conservan y protegen el sistema de reparto en sus territorios (EE.UU., Inglaterra, Francia, Italia, España, Alemania, etc.).

Es una necesidad estratégica y la oportunidad es ahora. Sin pérdida de tiempo hay que tomar resoluciones y aplicar medidas para que no se licuen los fondos capitalizados.

Es imperativo pronunciarse –por todos los medios a nuestro alcance- en contra del discurso único que pondera la acción del mercado por sobre las obligaciones constitucionales del Estado.

Ciertamente hay que tomar los recaudos legales y de funcionamiento para extremar los controles de los fondos que se incorporarán a la caja estatal e implementar sensatas restricciones a la discrecionalidad de los funcionarios a través de un organismo integrado por miembros de los tres poderes del Estado, sindicalistas, jubilados y empresarios.

Entendemos que el sistema público, solidario y universal de previsión social es un paso decisivo en el reconocimiento y pago de la deuda interna de nuestra Nación.

ARGENTINA ANTE LA CRISIS ECONÓMICA GLOBAL

Octurbre de 2008

El actual estallido financiero internacional obedece a una crisis peculiar de "valorizaciones ficticias" en el mercado y expresa a las claras las consecuencias de una economía basada en la libre competencia sin ningún tipo de regulación dentro del capitalismo global. Además, este hecho se asocia con la caída de los precios de las materias primas que habían experimentado un encarecimiento notable en los últimos tiempos por la demanda anticipada de los principales países consumidores del mundo, particularmente los orientales.

Estos procesos han puesto en evidencia los riesgos severos que genera este modelo especulativo de "falso crecimiento económico" y que coloca a los países periféricos como candidatos a sufrir los efectos de esta conmoción planetaria, de cuyo origen no tienen ninguna responsabilidad.

Ubicados en esta realidad, los participantes de "Carta Abierta Mendoza" queremos destacar que esta crisis mundial ya fue prevista por muchos economistas y anunciada desde hace tiempo. Y es por ello, que deseamos pronunciarnos ante la opinión pública en pos de una alternativa superadora del actual estilo de crecimiento económico reinante.

Nos definimos en favor de un modelo de desarrollo humanitario y sustentable que garantice condiciones de vida digna para todos los ciudadanos, lo que implica necesariamente una intervención activa por parte del Estado para garantizar una distribución equitativa de la riqueza generada en el país y un uso planificado de los recursos naturales que nos pertenecen con el fin de preservarlos para las futuras generaciones de argentinos.

Nuestra propuesta incluye:

1-Afianzar la integración de los países latinoamericanos consolidando tanto el bloque político de la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) como el naciente BANCO del SUR, instituciones que ayudan a fortalecer la base político-económica del modelo de desarrollo que deseamos;

2-Resguardar nuestras reservas monetarias del Banco Central sin comprometerlas con ningún tipo de pago ordinario o extraordinario de deuda externa en la actual coyuntura internacional;

3-Reconsiderar las concesiones otorgadas a los servicios públicos que fueron privatizados y que hoy son subsidiados por el Estado, evitando un aumento indiscriminado de tarifas y propendiendo a la re-estatización de aquellos que son más necesarios para el bien común;

4-Avanzar en la implementación de un impuesto o gravamen a los propietarios del principal núcleo sojero del país -localizado en la región pampeana- ya que el 70 % de las tierras que producen esta materia prima se encuentra en situación de arrendamiento, con lo cual los propietarios obtienen una ganancia extraordinaria sin inversión ni riesgo;

5-Mantener la actual política de retenciones agrícolo-ganaderas para las commodities que siguen siendo rentables, controlar la transferencia de capitales de los servicios públicos privatizados que están en manos de conglomerados extranjeros y regular actividades claves como la explotación de petróleo, gas y minerales estratégicos, recuperando la presencia estatal en esas áreas;

6-Normalizar, lo antes posible, al INDEC para obtener credibilidad y confianza, tanto en el plano interno como externo, respecto de las estadísticas que este organismo oficial proporciona en materia de inflación, tasa anual de crecimiento, monto del PBI, indicadores de pobreza e indigencia, etc.;

7-Evitar una acelerada devaluación del peso, que, de llevarse a cabo, implicaría una escalada inflacionaria y una pérdida notoria del valor del salario de la clase trabajadora, resguardando, al mismo tiempo, el actual nivel general de empleo frente a un creciente clima empresarial que preanuncia numerosos despidos;

8-Diseñar un proyecto de ley de reforma tributaria que impacte sobre las clases sociales de mayores ingresos en beneficio de las menos pudientes, enviándolo al Congreso de la Nación para su tratamiento, con el propósito de recaudar más fondos para el erario público y reinvertirlos en políticas más eficaces de redistribución de la riqueza;

9-Implementar un real y efectivo sistema de equitativa coparticipación federal de los recursos económicos para que todas las provincias puedan contar con los fondos necesarios para su desenvolvimiento y de acuerdo a sus necesidades y prioridades;

10-Gestar diferentes tipos de políticas que aseguren la protección de la producción nacional a fin de resguardar los niveles de empleo y de consumo en el mercado interno, teniendo en cuenta las actuales perspectivas económicas regionales y mundiales;

11-Garantizar, desde el Estado, un régimen único y universal de previsión social para todos los argentinos, a fin de asegurar la solidaridad social, la justa retribución y el porvenir de quienes se acogen a la jubilación, en vista de que el sistema privado de capitalización, además de no ser incluyente, ha plasmado la grave injusticia de privilegiar la rentabilidad de las empresas administradoras en detrimento de lo debido a los aportantes.

Como mendocinos, y siendo parte involucrada en la actual situación nacional, pensamos que esta propuesta sólo tiene posibilidad de ser llevada a la práctica si la misma es respaldada por la mayoría de los sectores populares y de otros sectores de la sociedad que luchan por un porvenir mejor para todos los argentinos. Asimismo, creemos que en este planteo les cabe una responsabilidad indelegable tanto al gobierno como a los partidos políticos y a las organizaciones sociales que se pronuncian en favor de una mayor intervención del Estado en las distintas dimensiones de la realidad social.