CARTA ABIERTA MENDOZA
05 de Julio de 2009
CONTRA EL GOLPE EN HONDURAS Y EN FAVOR DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO ARGENTINO.-
1.Ante el secuestro y destitución forzada del presidente de Honduras por las FF.AA. de ese país, instigado y apoyado desde sectores del propio Congreso hondureño, manifestamos nuestro absoluto e inequívoco repudio desde la agrupación Carta Abierta Mendoza. Tal golpe de Estado no es sólo un anacronismo inaudito, sino que implica una burla total a las condiciones de institucionalización democrática y popular que hoy predominan en América Latina.
2.Rechazamos enérgicamente las declaraciones de miembros del stablisment periodístico y empresarial -tanto hondureño como de otros espacios del continente- que pretenden bajo justificaciones de diverso cuño, presentar el asalto armado al poder como una simple transición democrática. En ese sentido, resultan singularmente lamentables las pretensiones de la cúpula de la Iglesia hondureña por justificar a los usurpadores ilegales del gobierno en el país centroamericano.
3.Apoyamos las diferentes acciones diplomáticas y medidas económicas que lleven la finalidad inequívoca de reponer en su sitial al presidente Zelaya como autoridad máxima del gobierno de Honduras, acorde a la elección realizada en su momento por el pueblo de ese país.
4.Apoyamos decididamente, las declaraciones de la presidenta de la Argentina, tanto como la clara postura de la diplomacia de nuestro país en la búsqueda de la restauración democrática para Honduras. Dentro de la impecable política internacional del gobierno argentino, es fuertemente destacable la decisión de la presidenta Fernández de Kirchner de acompañar al presidente Zelaya a su país, si ello fuera necesario; tal decisión implica poner el cuerpo en una situación nada fácil, pero donde está en juego la condición democrática como irrenunciable para nuestro continente.-
ELECCIONES 2009
CARTA ABIERTA MENDOZA
SU PRONUNCIAMIENTO ANTE EL PANORAMA ELECTORAL DE JUNIO
Carta Abierta Mendoza es un espacio de participación -no partidario- para la discusión y el intercambio de ideas en defensa de un Proyecto político democrático, nacional, popular y latinoamericano que se inició el 25 de mayo de 2003 en la Argentina y que se encuentra hoy amenazado, entre otras causas, por el avance de una derecha neoconservadora, antidemocrática, antinacional y antipopular que instala en la opinión pública un clima destituyente..
Por eso, en esta coyuntura clave manifestamos a la ciudadanía mendocina lo que entendemos está en juego a nivel nacional en las elecciones legislativas del 28 de junio: un modelo político, económico y social caracterizado por:
El otorgamiento de transparencia al proceso de designación de jueces en la Corte Suprema de Justicia
La puesta en marcha de una política de derechos humanos que permitió el juicio y castigo a los genocidas de la dictadura del 76 y creó el Museo de la Memoria en la sede de la EX ESMA
La ausencia de represión del Gobierno Nacional ante protestas sociales de distinto tipo en el espacio público.
Cambio de la doctrina de las FFAA, orientándola hacia la protección de recursos naturales y defensa de la democracia.
La defensa de la libertad de expresión y la recuperación de la televisión pública a través de una programación de calidad en Canal 7 y Canal Encuentro
La elaboración del anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicacion Audiovisual (en reemplazo del vigente Decreto-Ley de Radiodifusión de la dictadura). Si se aprueba el nuevo proyecto habría una distribución más equitativa de la palabra, pues que el 66% de las señales de aire no serían de explotación comercial.
Apoyo efectivo al trabajo y la producción que se traduce en una baja significativa del desempleo mediante la promoción de PYMES y fábricas recuperadas.
La aplicación de retenciones al monocultivo de soja, cuya expansión genera problemas ambientales y sociales y refuerza la patria rentística
La disminución de retenciones a la ganadería, maíz, trigo, cítricos, frutales de pepita, etc.
Avances sustantivos en Jubilaciones:
• Jubilación para amas de casa
• La re-estatización del Sistema Jubilatorio y nre-instalación del Sistema solidario de Reparto
• Incorporación al Sistema Previsional de 1.800.000 argentinos
• Aumentos periódicos y Ley de movilidad previsional
La re-estatización de Aerolíneas, Correo Argentino y Aguas Argentinas; Ärea Material Córdoba: Fábrica Militar de Aviones.
Fortalecimiento del sistema financiero nacional a diferencia de lo ocurrido en otros países del mundo
El mantenimiento del superávit fiscal
Reducción de la deuda externa
El aumento del presupuesto educativo que pasó del 1,2% al 6% del PBI, de conformidad con lo sugerido por UNESCO
Creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, apoyo a la investigación y repatriación de científicos
La integración del país a Latinoamérica impulsando iniciativas como la UNASUR y el Banco del Sur
La concertación de políticas con los gobiernos populares de Michele Bachelet, Evo Morales, Hugo Chávez, Lula Da Silva, Rafael Correa, Raúl Castro, entre, otros.
Rechazo al ALCA en la Cumbre de lo Pueblos de Mar del Plata
El fin de las relaciones carnales con EEUU
Recuperación progresiva por el pueblo y el gobierno de valores, derechos y garantías.
Los hechos señalados son logros del Gobierno Nacional que desde el 2003 rompen con la lógica del ajuste y un país para pocos. Por estas razones, Carta Abierta Mendoza entiende que lo que está en riesgo es mucho y alerta a la población mendocina sobre el ataque de sectores conservadores y neo-liberales.
Este intento de restauración de la derecha neoconservadora está implementado en nuestra provincia por los partidos y referentes locales nucleados en la oposición, dependientes de la Coalición Agro-Mediática.
Estos candidatos no representan una alternativa para profundizar el modelo que nos sacó de la mayor crisis económica y social de los últimos 25 años. Esta expresión opositora no se asienta en críticas para mejorar lo que se ha hecho bien, sino precisamente para lo opuesto, para detener, como lo han expresado abiertamente en la opinión pública, las transformaciones presentes y futuras que el pueblo demanda desde hace décadas.
Es por ello que, desde el anhelo de consolidar un proyecto político democrático, nacional y popular que asegure una efectiva redistribución de la riqueza, no se puede respaldar con el sufragio a la nueva y vieja derecha. Porque ésta es funcional a la patronal agropecuaria, a los monopolios mediáticos y a la dependencia financiera de los mismos bancos internacionales que han puesto en crisis al mundo entero hoy, generando desocupación, angustia e inseguridad en todos los sectores sociales de nuestro país y el resto de Latinoamérica. No es volviendo al neoliberalismo de la última dictadura militar, del menemismo de los ’90, del delaruismo de finales de esa década y principios del siglo XXI, que los argentinos vamos a encontrar solución a nuestros problemas. No es reinstalando un Estado al servicio de los intereses sectoriales de los grandes grupos económicos, una postura que sostiene la derecha y que se muestra tamizada en los medios bajo la crítica obscena de mayor institucionalidad, que nuestro país logrará la justicia social.
Por todo lo expresado, Carta Abierta Mendoza apoya a las propuestas electorales que trabajan por afianzar un modelo de país soberano y que están a favor de profundizar los logros y medidas que más arriba hemos señalado.
EN DEFENSA DE LA COMUNICACIÓN PÚBLICA
Mendoza 14/03/2009
Ante la próxima discusión del proyecto de Ley de Servicios Comunicacionales que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional, y dada la necesidad de reafirmar el compromiso asumido con los medios que están fuera de la órbita del mercado y la ganancia, Carta Abierta Mendoza desea alertar a la sociedad toda acerca de la necesidad de involucrarse en el conocimiento y el debate en torno al contenido del proyecto mencionado, dado que su sanción contribuiría a una mejor calidad de la participación ciudadana.
Entendemos que la distribución de la riqueza en el país sólo tendrá mayor solidez, si a la par, se produce una sana distribución de la palabra pública. La posibilidad de los ciudadanos para hablar y para ser escuchados es uno de los principales derechos que se deben resguardar y garantizar en régimen de gobierno democrático, y una nueva legislación al respecto será decisiva para garantizar un ejercicio más pleno de ese derecho, cercenado hoy por la extrema concentración existente en la propiedad de los medios masivos de comunicación.
Dentro del panorama descrito es fuertemente valorable el rol que ejercen los medios públicos, tanto la televisión a nivel nacional, como las radios que en nuestra provincia se encuentran dentro de esa condición. Es notable el avance en calidad y en significación social que estos medios públicos han adquirido en los últimos tiempos, teniendo cada vez más relación con organizaciones intermedias, con movimientos sociales, con expresiones diversas de la sociedad civil y de la actividad artística, y con una decidida apertura a la realidad latinoamericana en la que estamos insertos.
En ese sentido, Carta Abierta Mendoza se suma a los diversos actores sociales que se movilizan en favor de la discusión y la participación social respecto de la próxima Ley de Servicios Comunicacionales que se tratará en el Congreso de la Nación (y que reemplazará al obsoleto Decreto vigente que deviene de la dictadura militar del '76 y que fue modificado por el menemismo en los '90 generando la concentración de los medios en pocos grupos empresarios) y, por esto, convoca a la ciudadanía a mantenerse informada y en estado de alerta en defensa de los medios públicos, tanto a nivel nacional como provincial, para la construcción de un Proyecto Político Popular.
LA VENDIMIA Y LOS VENDIMIADORES
CARTA ABIERTA MENDOZA
Mendoza, 26 de febrero de 2009
LA VENDIMIA Y LOS VENDIMIADORES
La fiesta de la vendimia tiene un fuerte impacto y simbolismo en la memoria colectiva de los mendocinos, porque forma parte de nuestras más arraigadas tradiciones y costumbres culturales, en virtud de ello, en el marco de la celebración de esta fiesta creemos que es necesario reflexionar sobre la actividad vitivinícola en un contexto más amplio.
El perfil productivo de la provincia.
En primer lugar, queremos destacar que la vitivinicultura mirada desde el Producto Bruto, no representa la actividad económica de mayor relevancia en Mendoza.
Este sector no constituye la principal fuente de aporte al PB (Producto Bruto) de Mendoza, ya que los principales sectores en orden de magnitud según datos oficiales de la DEIE (Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas) para el 2007 son: Comercio, Restaurantes y Hoteles (26%), Industria Manufacturera (16%), Explotación de Minas y Canteras (14%), Servicios Sociales Comunales y Personales (14%), Establecimientos Financieros (10%), Agropecuario (10%), Transporte Almacenamiento y Comunicaciones (6%), Construcciones (3%) y Electricidad, Gas y Agua (2%).
Sin embargo el sector agropecuario -que produce el 10% del producto- contribuye con el 55.4% de las exportaciones manufactureras. (enero-noviembre de 2008) y los vinos exportados en recipientes inferiores a 2 lts. representan el 28.4% de las exportaciones (U$S 422.5 millones FOB) es decir más del 50% de las exportaciones totales del sector agropecuario. (fuente: DEIE)
¿Pero adónde van a parar estos ingresos? Vale la pena aclarar que la actividad vitivinícola experimentó cambios sustantivos en la segunda mitad de los ’80 que fueron consolidándose en los 90’ y que perduran hasta el presente.
A partir de los períodos mencionados, el sector fue girando desde la producción de vinos comunes de consumo interno hacia la obtención de vinos finos de mayor valor agregado dado su mejor precio por su destino a la exportación, principalmente.
Este proceso de reconversión vitivinícola con un alto componente de inversión extranjera, trajo aparejado ganadores y perdedores en nuestro campo.
Ganaron los grandes grupos económicos y perdieron los pequeños viñateros que no disponían de capital, conocimiento técnico y otras fuentes de ingreso alternativas para erradicar viejos viñedos y plantar nuevas cepas, que empezarían a ser redituables económicamente tras varios años de espera.
Algunos de los pequeños productores, vendieron sus tierras y se trasladaron a las ciudades en busca de nuevas alternativas de negocios.
Los trabajadores que eran empleados en estas fincas migraron, en su mayoría, también a las ciudades, pero en este caso al cordón del Gran Mendoza, muchos a vivir en villas inestables.
El alto nivel de concentración económica en el periodo citado, se tradujo, tanto en la concentración de la propiedad de las mejores tierras para producir uvas para vinos finos, como así también, en un pequeño grupo de empresas que dominan los tres eslabones del circuito de la vid: la fase de producción de uva, de transformación de la misma en vino u otros productos derivados -como el mosto concentrado- y la de su respectiva comercialización.
Aún así sobreviven un número importante de productores que se ven obligados a vender su producción a las grandes bodegas, al precio que estas disponen. El INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) y los Gobiernos Provinciales han sido testigos ciegos y mudos de estas transformaciones que estamos describiendo.
También sobreviven algunas pymes mendocinas que dan la pelea contra las grandes bodegas extranjeras, aun cuando los medios se ocupen poco de ellas.
Paralelamente se verifican transformaciones considerables en las formas de organización del trabajo que contribuyen a su precarización, entre ellas la aparición de la Cooperativas de Trabajo falsas.
La Vendimia (recolección y cosecha de la uva)
Dependiendo de la variedad y del destino de la uva, se estima que un vendimiador puede alcanzar un rendimiento de 50 a 80 “tachos” por día (medida creada por el Gobernador Ricardo Videla en 1934 con una capacidad de 20 kg). Es decir que diariamente un cosechador recoleta y traslada de la viña al transporte entre 1.000 y 1.600 kg de uva, aproximadamente.
En el transcurso del 2008 se les pagó según FECOVITA $1 por tacho.
Los cosechadores en el 2009 han solicitado un aumento en el valor del tacho y el Gobierno de Mendoza ofrece un magro 10%. Algunos empresarios estarían dispuestos a pagar sólo $0,79 por tacho, argumentando que se han elevado los costos y que han disminuido las ganancias por el impacto que ha traído para el sector la actual crisis económica mundial.
En San Juan, que ya empezó la vendimia, los cosechadores pidieron $1,50 por tacho y los empresarios sólo están dispuestos a pagar un $1.
Estos valores ofrecidos por el pago de los “tachos” no se condicen con el esfuerzo requerido por la tarea, con el ingreso diario digno y necesario al que debe llegar el cosechador y contribuyen a profundizar la desigual estructura social del campo en la provincia impidiendo incluso, una correcta alimentación de los cosechadores.
La situación descrita se torna aún más grave si consideramos que la vendimia es realizada en su mayor parte por cosechadores “golondrinas” que –muchas veces- viven con sus familias hacinados en galpones, sin condiciones dignas e higiénicas, durante unos 50 días aproximadamente que dura la cosecha y que además grupos de niños, “acarrean tachos” para ayudar al sostén de sus familias, violándose la prohibición del trabajo infantil.
Mendoza no es ajena al concierto Nacional
Esta realidad en la que unos pocos acrecientan su riqueza sin importar las consecuencias (migración hacia las villas inestables del Gran Mendoza, precarización de la vida en el campo, concentración de la propiedad de la tierra en manos de empresas extranjeras, explotación infantil, etc. etc.) mediante el uso de los símbolos y valores culturales de la población, es un tema que merece análisis serios en cuanto definen estratégicamente el perfil productivo de nuestro lugar en el mundo.
No es meramente un tema de espectáculo mediático y mucho menos electoral.
En consecuencia es imperiosa la intervención del Estado Provincial para limitar el lucro excesivo mejorando los ingresos de los trabajadores del sector vitivinícola lo que contribuiría, además, al aumento del consumo interno.
La Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia debe garantizar y velar por el fiel cumplimiento de la normativa legal vigente en el ámbito laboral y de seguridad e higiene.
El Estado Provincial debe recuperar la idea de establecer un mecanismo de regulación y control del proceso vitivinícola como antiguamente se ejercía desde la ex bodega Giol.
El Estado Provincial debe abrir un profundo debate en el seno de nuestra sociedad, con relación al perfil productivo que adoptará la provincia en los años venideros, fundamentalmente en la producción agropecuaria que utiliza los dos recursos más escasos de la región: tierras cultivables y agua.
Mientras los medios de difusión hoy llaman “campo” sólo al de la pampa húmeda y sus propietarios, se hace imprescindible reivindicar a los invisibilizados de siempre, los injustamente olvidados, los productores de la riqueza: trabajadores, peones y cosechadores; esos verdaderos protagonistas cotidianos del esfuerzo que sostiene las también postergadas economías regionales.
CERRAMOS EL AÑO 2008
El 11 de Diciembre cerramos el año con un asado después de la acostumbrada reunión de los Jueves en el auditorio "Paco Urondo" de Radio Libertador.
Contabilizamos como saldo -en el poco tiempo de funcionamiento que llevamos- el aprendizaje en la articulación de un espacio de reflexión marcado claramente por la voluntad de aportar en el sentido que explicita Ricardo Forster: colocar algunas palabras entramadas en nuestras escrituras, palabras e ideas que le den otra fisonomía al debate político. Lejos del consignismo y de las frases altisonantes.
Contabilizamos como saldo de suma importancia el encontrarnos y reencontrarnos con compañeros de ruta.
Nos quedan pendientes para el año próximo un sin número de planes y anhelos que permitan hacer de este ámbito de discusión, una experiencia política de valor en la provincia, sobre la base de una cultura política con voluntad de autonomía y espíritu crítico.
Parafraseando a Forster: Veremos con qué lenguajes y con qué palabras encontraremos el sentido de las cosas en el año que está por iniciarse.
PROTECCIÓN DE LOS GLACIALES Y AMBIENTE CIRCUNDANTE
30 de noviembre de 2008
Carta Abierta Mendoza expone su punto de vista sobre la Ley Nº 26418 (Ley de Presupuestos mínimos ambientales de Protección de los glaciares y ambiente periglacial):
Uno de los recursos más valiosos que tenemos en la Argentina es el agua, y en el contexto internacional hay una preocupante escasez de este recurso fundamental para la vida. En el siglo XXI viviremos conflictos por el agua, ya que el "oro azul" se está convirtiendo en uno de los recursos estratégicos más importantes. De toda el agua que hay en el planeta, sólo el 2.59% es dulce y de ésta, el 70% está congelada en los polos y en los glaciares. Estos son reservas de agua dulce, fundamentales en nuestra Cordillera de los Andes, pues en ellos nacen muchos ríos.
La masa de los Glaciares sirve como regulador: durante las estaciones secas “se derrite” en parte y aporta agua; durante las temporadas de mucha nieve, acumula el agua y evita que se derrame aguas abajo. En años de escasa precipitación nival en nuestra zona, los glaciares suministran hasta el 70% de los caudales de los ríos en Mendoza y San Juan. Por eso tenemos el deber de cuidarlos.
La idea de los legisladores nacionales, fue proteger a los glaciares y al ambiente periglaciar y contaron para elaborar la ley, con el asesoramiento de los principales expertos argentinos en el tema (IANIGLA). Con la sanción de la ley 26.418, la Argentina podía proteger estas fuentes de agua dulce ya que se disponían dos medidas principales: la creación de un Inventario Nacional de Glaciares y la prohibición de la exploración y explotación minera o petrolífera, en los glaciares y en el ambiente periglacial saturado en hielo.
Daniel Filmus, cuando presentó el proyecto de ley en el Senado, dijo: "Hablamos de uno de los temas más importantes que puede tener la Argentina en el futuro. Un tema que no contaba con una legislación específica y que es fundamental y decisivo, porque aludimos principalmente a las reservas de agua de nuestro país. Y sabemos que las reservas de agua, no sólo en nuestro país sino en todo el mundo, constituyen uno de los recursos esenciales".
El día 10 de noviembre pasado, el Ejecutivo Nacional vetó por Decreto 1837 la mencionada ley, que no pudo ser promulgada. El artículo 6 de la ley vetada fue uno de los más controvertidos, pues prohibía actividades en las áreas de los glaciares, para evitar su destrucción o traslado. Las actividades prohibidas eran las siguientes:
-La disposición de sustancias contaminantes, residuos o productos químicos (esto incluye cianuro, imprescindible en la minería del oro o ácido sulfúrico, usado en la minería del cobre).
-La construcción de “obras de arquitectura” o infraestructura sobre los glaciares (por ejemplo caminos, túneles, puentes).
-La Exploración y Explotación de minerales en el ambiente glacial y periglacial, así como la instalación de Industrias.
Seguramente en la decisión del veto Presidencial influyeron el impacto de la Norma sobre las economías de las provincias con importante desarrollo minero, entre ellas San Juan, Catamarca y La Rioja y la opinión de sus respectivos Gobernadores, y el tratado preexistente con la República de Chile. Este tratado fue firmado en diciembre de 1997 (en San Juan) y en agosto de 1999 (en Antofagasta) y convertido en Ley 25.243 por el Senado de la Nación en Marzo del año 2000.
Estos antecedentes no nos impiden mencionar que la empresa canadiense Barrick Gold, una de las mineras más grandes del mundo, tiene en proyecto sobre la cordillera de los Andes (y amparada en el marco del “Tratado sobre Integración y Complementación Minera”, oportunamente firmado por los gobiernos de Argentina y Chile), el yacimiento PASCUA LAMA: “Pascua” sobre territorio chileno y “Lama” sobre el argentino.
La Corporación Barrick Gold obtendrá del yacimiento de Pascua Lama una producción de 5.000 toneladas de cobre, 615.000 onzas de oro y 18,2 millones de onzas de plata, o sea unos 26000 millones de dólares, de acuerdo a los precios actuales de los mencionados metales.
Pero sucede, que buena parte de los depósitos metálicos se encuentran debajo de los glaciares Toro I, II y Esperanza y esta ley tornaría imposible el avance del Proyecto.
En este escenario, Carta Abierta Mendoza rescata la mecánica institucional utilizada, tanto por el lado del Congreso Nacional, como por el lado del Poder Ejecutivo haciendo uso de sus atribuciones, ya que ambas cosas permiten poner en el tapete -democráticamente y dentro de las reglas del juego institucional- los temas de fondo con relación a DOS cuestiones estratégicas: el Agua y la Minería.
Estos DOS aspectos, que en Mendoza nos afectan directamente, deben ser tratados, en función de los intereses soberanos de nuestro pueblo, pensando en el modelo de provincia para las próximas centurias, preservando y desarrollando nuestros recursos naturales, tal como reiteradamente ha expuesto el Gobierno Nacional: priorizando el aspecto social sobre el aspecto económico dictado por el mercado. El Bicentenario, además, debería encontrarnos refundando la Provincia en éstos y en otros temas trascendentes.
Nos debemos, entre otros, la modificación de las leyes mineras de los ´90; la Ley de Suelos y el re-estudio de nuestra Ley de Aguas, aspectos de los cuales depende el modelo productivo que deseamos para la Provincia.
Por todo lo argumentado precedentemente, Carta Abierta Mendoza apoya explícitamente los contenidos conceptuales de la Norma vetada y aboga por su aprobación definitiva.
Tanto el Gobierno Provincial como el Nacional tienen la obligación de hacerse eco de estas preocupaciones dado la importancia estratégica que estas cuestiones tienen para el cuidado de nuestros recursos, y para el bienestar mayoritario del pueblo argentino.
AFJP UNA CUESTIÓN DE FONDO
Noviembre de 2008
Carta Abierta Mendoza se manifiesta una vez más ante una problemática de tan profunda significación social como es el destino de las jubilaciones de los argentinos.
El Gobierno Nacional envió al Congreso el proyecto de traspaso de los fondos de las AFJP hacia el Estado, proyecto que cuenta con un alto consenso popular. El Ejecutivo tomó esta decisión en el marco de la crisis económica global, luego de la mayor caída en la historia del sistema financiero internacional. En este sistema invertían las AFJP y, después de quince años de desfinanciamiento, congelamiento y recorte de jubilaciones (como resultante del paso del sistema de reparto a capitalización), el Gobierno decidió tomar esta impostergable decisión.
La discusión en torno a esta medida implica remitirse necesariamente a la concepción de un proyecto de país que trasciende la presente coyuntura, planteando un cambio estructural en la actual configuración del Estado. Esta particular circunstancia parece explicar la virulencia de los ataques a dicha propuesta por parte de los sectores más reaccionarios del “establishment”. Ellos están articulados en el núcleo más duro de un segmento de la oposición y con la logística de una salvaje estrategia mediática, tendiente a desviar el eje central de la discusión.
El cambio planteado tiende a recuperar los históricos conceptos de seguridad social que la sociedad argentina había internalizado, fundados en la solidaridad intergeneracional, y que fueran tergiversados por la lógica especulativa del mercado de capitales.
Por lo tanto es necesario manifestar abiertamente en qué sociedad queremos vivir, qué intereses se defienden en cada caso y, en consecuencia, qué rol le corresponde al Estado según la Constitución Argentina con respecto a la previsión social.
Para esto es necesario revisar la historia de los últimos 15 años.
En los 90, durante el menemato, en el auge del neoliberalismo, se llevó a cabo la modificación del sistema previsional argentino, en el marco de la denominada “reforma del Estado”. Éste quedó reducido al mínimo, quitándole sus posibilidades y su ingerencia, pero no su responsabilidad como garante del haber mínimo jubilatorio (pues la establece la Constitución Nacional). Gran parte de los fondos conformados por los aportes jubilatorios fueron transferidos al ámbito privado y la suerte de la tercera edad quedó librada al libre juego del mercado.
La escalada del poder financiero a partir de 1976 y consolidada en los 90, fue abonando, a través de un conjunto de medidas combinadas mediante Leyes y/o Decretos del Ejecutivo, el modelo de Estado que implementó el cambio. Éste fue apoyado por los medios que proclamaban y exaltaban las virtudes del individualismo y de la capitalización a través de las AFJP, desacreditando el sistema solidario estatal de reparto.
Fuimos muchos los que denunciamos las consecuencias nefastas de este modelo, y luchamos contra su imposición. Hoy la historia nos ha dado la razón, pues el Estado Nacional debió salir al rescate de aquellos que aportaron por años a las AFJP y no les alcanza para una jubilación mínima (subsidio al 77% de los jubilados de AFJP). Además, debe tomar medidas urgentes para evitar mayores daños con la caída en picada del valor de los depósitos y, por ende, de las posibilidades jubilatorias de las mayorías.
Esto no es otra cosa que cumplir con su rol constitucional e irrenunciable de garante de la previsión social.
La privatización compulsiva de las jubilaciones fue posible a partir de la implementación de una táctica publicitaria que incluyó medidas de facto tales como:
§Privación del derecho a elegir, mediante la afiliación compulsiva de los nuevos trabajadores (jóvenes); traspaso ilegítimo de los mayores, sin dar tiempo ni información suficiente para elegir, y después de una seudo-consulta que no se respetó.
§Adoctrinamiento de un ejército de jóvenes promotores que se introducían en todos los ámbitos de trabajo para vender jubilaciones (a cambio de una comisión, y en circunstancias en que no podían conseguir otro trabajo digno y estable).
§Campañas mediáticas pro-capitalización acerca de las supuestas ventajas del individualismo. Los aportantes a las AFJP vivían en la ficción de ser accionistas (creyendo conseguir como inversionistas mayores montos para jubilarse, sin compartir su suerte con los demás).
§Estrategias de venta que se articularon sobre el ocultamiento total o parcial de la información.
§No se manifestó que el traspaso de aportes desde el Estado al ámbito privado significaba desfondar las arcas fiscales y desfinanciar a la ANSES.
Todo esto se combinó con otras medidas de despojo tales como: la baja de aportes patronales y del trabajador; trabajo en negro (es decir sin aportes), descuento del 13% a las jubilaciones, desocupación, aumento de la edad para jubilarse en los regímenes especiales, etc., que también impactaron negativamente sobre el sistema previsional. Al mismo tiempo, profundizaban en la misma dirección un modelo político-económico nefasto de saqueo y exclusión de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, que inevitablemente pasaban a engrosar las abultadas arcas de la miseria.
Alcanza para graficar, con mencionar los aproximadamente doce mil (12.000) millones de dólares apropiados por las AFJP en concepto de comisiones –por cada 100 pesos dólares aportados, 35 eran retenidos en concepto de costo de administración-
Esto realmente aconteció en nuestro país.
Afirmamos que el Estado debe intervenir para satisfacer los derechos fundamentales de la ciudadanía, establecidos en la Constitución. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para su tratamiento y sanción busca cumplir tal finalidad, y se encuentra abierto a las sugerencias de reformas propuestas por los distintos legisladores de la oposición, en el pleno ejercicio de sus facultades de representación democrática.
Se trata de la recuperación de las jubilaciones para todos los trabajadores y de la dignificación de la tercera edad, dentro de un proyecto de sociedad más justa y con un Estado garante del bienestar social.
Además, ante el congelamiento de fondos ordenado por el juez norteamericano Griessa, el Estado Argentino demanda a las AFJP por no haber custodiado debidamente los fondos pertenecientes a los aportantes, y exige la repatriación de los fondos invertidos en el exterior. A nadie le caben dudas de que es el poder financiero quién debe pagar las consecuencias de sus propios errores y que no es justo ni legítimo trasladar sus pérdidas al pueblo.
La política de previsión social impulsada por el Gobierno Nacional es coincidente con la desarrollada en otros países de la región que ya se encuentran abocados al replanteo y modificación de lo que constituyó un experimento implantado en la periferia por los países centrales. Estos países hegemónicos, a pesar de ser ultracapitalistas, conservan y protegen el sistema de reparto en sus territorios (EE.UU., Inglaterra, Francia, Italia, España, Alemania, etc.).
Es una necesidad estratégica y la oportunidad es ahora. Sin pérdida de tiempo hay que tomar resoluciones y aplicar medidas para que no se licuen los fondos capitalizados.
Es imperativo pronunciarse –por todos los medios a nuestro alcance- en contra del discurso único que pondera la acción del mercado por sobre las obligaciones constitucionales del Estado.
Ciertamente hay que tomar los recaudos legales y de funcionamiento para extremar los controles de los fondos que se incorporarán a la caja estatal e implementar sensatas restricciones a la discrecionalidad de los funcionarios a través de un organismo integrado por miembros de los tres poderes del Estado, sindicalistas, jubilados y empresarios.
Entendemos que el sistema público, solidario y universal de previsión social es un paso decisivo en el reconocimiento y pago de la deuda interna de nuestra Nación.
Carta Abierta Mendoza se manifiesta una vez más ante una problemática de tan profunda significación social como es el destino de las jubilaciones de los argentinos.
El Gobierno Nacional envió al Congreso el proyecto de traspaso de los fondos de las AFJP hacia el Estado, proyecto que cuenta con un alto consenso popular. El Ejecutivo tomó esta decisión en el marco de la crisis económica global, luego de la mayor caída en la historia del sistema financiero internacional. En este sistema invertían las AFJP y, después de quince años de desfinanciamiento, congelamiento y recorte de jubilaciones (como resultante del paso del sistema de reparto a capitalización), el Gobierno decidió tomar esta impostergable decisión.
La discusión en torno a esta medida implica remitirse necesariamente a la concepción de un proyecto de país que trasciende la presente coyuntura, planteando un cambio estructural en la actual configuración del Estado. Esta particular circunstancia parece explicar la virulencia de los ataques a dicha propuesta por parte de los sectores más reaccionarios del “establishment”. Ellos están articulados en el núcleo más duro de un segmento de la oposición y con la logística de una salvaje estrategia mediática, tendiente a desviar el eje central de la discusión.
El cambio planteado tiende a recuperar los históricos conceptos de seguridad social que la sociedad argentina había internalizado, fundados en la solidaridad intergeneracional, y que fueran tergiversados por la lógica especulativa del mercado de capitales.
Por lo tanto es necesario manifestar abiertamente en qué sociedad queremos vivir, qué intereses se defienden en cada caso y, en consecuencia, qué rol le corresponde al Estado según la Constitución Argentina con respecto a la previsión social.
Para esto es necesario revisar la historia de los últimos 15 años.
En los 90, durante el menemato, en el auge del neoliberalismo, se llevó a cabo la modificación del sistema previsional argentino, en el marco de la denominada “reforma del Estado”. Éste quedó reducido al mínimo, quitándole sus posibilidades y su ingerencia, pero no su responsabilidad como garante del haber mínimo jubilatorio (pues la establece la Constitución Nacional). Gran parte de los fondos conformados por los aportes jubilatorios fueron transferidos al ámbito privado y la suerte de la tercera edad quedó librada al libre juego del mercado.
La escalada del poder financiero a partir de 1976 y consolidada en los 90, fue abonando, a través de un conjunto de medidas combinadas mediante Leyes y/o Decretos del Ejecutivo, el modelo de Estado que implementó el cambio. Éste fue apoyado por los medios que proclamaban y exaltaban las virtudes del individualismo y de la capitalización a través de las AFJP, desacreditando el sistema solidario estatal de reparto.
Fuimos muchos los que denunciamos las consecuencias nefastas de este modelo, y luchamos contra su imposición. Hoy la historia nos ha dado la razón, pues el Estado Nacional debió salir al rescate de aquellos que aportaron por años a las AFJP y no les alcanza para una jubilación mínima (subsidio al 77% de los jubilados de AFJP). Además, debe tomar medidas urgentes para evitar mayores daños con la caída en picada del valor de los depósitos y, por ende, de las posibilidades jubilatorias de las mayorías.
Esto no es otra cosa que cumplir con su rol constitucional e irrenunciable de garante de la previsión social.
La privatización compulsiva de las jubilaciones fue posible a partir de la implementación de una táctica publicitaria que incluyó medidas de facto tales como:
§Privación del derecho a elegir, mediante la afiliación compulsiva de los nuevos trabajadores (jóvenes); traspaso ilegítimo de los mayores, sin dar tiempo ni información suficiente para elegir, y después de una seudo-consulta que no se respetó.
§Adoctrinamiento de un ejército de jóvenes promotores que se introducían en todos los ámbitos de trabajo para vender jubilaciones (a cambio de una comisión, y en circunstancias en que no podían conseguir otro trabajo digno y estable).
§Campañas mediáticas pro-capitalización acerca de las supuestas ventajas del individualismo. Los aportantes a las AFJP vivían en la ficción de ser accionistas (creyendo conseguir como inversionistas mayores montos para jubilarse, sin compartir su suerte con los demás).
§Estrategias de venta que se articularon sobre el ocultamiento total o parcial de la información.
§No se manifestó que el traspaso de aportes desde el Estado al ámbito privado significaba desfondar las arcas fiscales y desfinanciar a la ANSES.
Todo esto se combinó con otras medidas de despojo tales como: la baja de aportes patronales y del trabajador; trabajo en negro (es decir sin aportes), descuento del 13% a las jubilaciones, desocupación, aumento de la edad para jubilarse en los regímenes especiales, etc., que también impactaron negativamente sobre el sistema previsional. Al mismo tiempo, profundizaban en la misma dirección un modelo político-económico nefasto de saqueo y exclusión de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, que inevitablemente pasaban a engrosar las abultadas arcas de la miseria.
Alcanza para graficar, con mencionar los aproximadamente doce mil (12.000) millones de dólares apropiados por las AFJP en concepto de comisiones –por cada 100 pesos dólares aportados, 35 eran retenidos en concepto de costo de administración-
Esto realmente aconteció en nuestro país.
Afirmamos que el Estado debe intervenir para satisfacer los derechos fundamentales de la ciudadanía, establecidos en la Constitución. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para su tratamiento y sanción busca cumplir tal finalidad, y se encuentra abierto a las sugerencias de reformas propuestas por los distintos legisladores de la oposición, en el pleno ejercicio de sus facultades de representación democrática.
Se trata de la recuperación de las jubilaciones para todos los trabajadores y de la dignificación de la tercera edad, dentro de un proyecto de sociedad más justa y con un Estado garante del bienestar social.
Además, ante el congelamiento de fondos ordenado por el juez norteamericano Griessa, el Estado Argentino demanda a las AFJP por no haber custodiado debidamente los fondos pertenecientes a los aportantes, y exige la repatriación de los fondos invertidos en el exterior. A nadie le caben dudas de que es el poder financiero quién debe pagar las consecuencias de sus propios errores y que no es justo ni legítimo trasladar sus pérdidas al pueblo.
La política de previsión social impulsada por el Gobierno Nacional es coincidente con la desarrollada en otros países de la región que ya se encuentran abocados al replanteo y modificación de lo que constituyó un experimento implantado en la periferia por los países centrales. Estos países hegemónicos, a pesar de ser ultracapitalistas, conservan y protegen el sistema de reparto en sus territorios (EE.UU., Inglaterra, Francia, Italia, España, Alemania, etc.).
Es una necesidad estratégica y la oportunidad es ahora. Sin pérdida de tiempo hay que tomar resoluciones y aplicar medidas para que no se licuen los fondos capitalizados.
Es imperativo pronunciarse –por todos los medios a nuestro alcance- en contra del discurso único que pondera la acción del mercado por sobre las obligaciones constitucionales del Estado.
Ciertamente hay que tomar los recaudos legales y de funcionamiento para extremar los controles de los fondos que se incorporarán a la caja estatal e implementar sensatas restricciones a la discrecionalidad de los funcionarios a través de un organismo integrado por miembros de los tres poderes del Estado, sindicalistas, jubilados y empresarios.
Entendemos que el sistema público, solidario y universal de previsión social es un paso decisivo en el reconocimiento y pago de la deuda interna de nuestra Nación.
ARGENTINA ANTE LA CRISIS ECONÓMICA GLOBAL
Octurbre de 2008
El actual estallido financiero internacional obedece a una crisis peculiar de "valorizaciones ficticias" en el mercado y expresa a las claras las consecuencias de una economía basada en la libre competencia sin ningún tipo de regulación dentro del capitalismo global. Además, este hecho se asocia con la caída de los precios de las materias primas que habían experimentado un encarecimiento notable en los últimos tiempos por la demanda anticipada de los principales países consumidores del mundo, particularmente los orientales.
Estos procesos han puesto en evidencia los riesgos severos que genera este modelo especulativo de "falso crecimiento económico" y que coloca a los países periféricos como candidatos a sufrir los efectos de esta conmoción planetaria, de cuyo origen no tienen ninguna responsabilidad.
Ubicados en esta realidad, los participantes de "Carta Abierta Mendoza" queremos destacar que esta crisis mundial ya fue prevista por muchos economistas y anunciada desde hace tiempo. Y es por ello, que deseamos pronunciarnos ante la opinión pública en pos de una alternativa superadora del actual estilo de crecimiento económico reinante.
Nos definimos en favor de un modelo de desarrollo humanitario y sustentable que garantice condiciones de vida digna para todos los ciudadanos, lo que implica necesariamente una intervención activa por parte del Estado para garantizar una distribución equitativa de la riqueza generada en el país y un uso planificado de los recursos naturales que nos pertenecen con el fin de preservarlos para las futuras generaciones de argentinos.
Nuestra propuesta incluye:
1-Afianzar la integración de los países latinoamericanos consolidando tanto el bloque político de la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) como el naciente BANCO del SUR, instituciones que ayudan a fortalecer la base político-económica del modelo de desarrollo que deseamos;
2-Resguardar nuestras reservas monetarias del Banco Central sin comprometerlas con ningún tipo de pago ordinario o extraordinario de deuda externa en la actual coyuntura internacional;
3-Reconsiderar las concesiones otorgadas a los servicios públicos que fueron privatizados y que hoy son subsidiados por el Estado, evitando un aumento indiscriminado de tarifas y propendiendo a la re-estatización de aquellos que son más necesarios para el bien común;
4-Avanzar en la implementación de un impuesto o gravamen a los propietarios del principal núcleo sojero del país -localizado en la región pampeana- ya que el 70 % de las tierras que producen esta materia prima se encuentra en situación de arrendamiento, con lo cual los propietarios obtienen una ganancia extraordinaria sin inversión ni riesgo;
5-Mantener la actual política de retenciones agrícolo-ganaderas para las commodities que siguen siendo rentables, controlar la transferencia de capitales de los servicios públicos privatizados que están en manos de conglomerados extranjeros y regular actividades claves como la explotación de petróleo, gas y minerales estratégicos, recuperando la presencia estatal en esas áreas;
6-Normalizar, lo antes posible, al INDEC para obtener credibilidad y confianza, tanto en el plano interno como externo, respecto de las estadísticas que este organismo oficial proporciona en materia de inflación, tasa anual de crecimiento, monto del PBI, indicadores de pobreza e indigencia, etc.;
7-Evitar una acelerada devaluación del peso, que, de llevarse a cabo, implicaría una escalada inflacionaria y una pérdida notoria del valor del salario de la clase trabajadora, resguardando, al mismo tiempo, el actual nivel general de empleo frente a un creciente clima empresarial que preanuncia numerosos despidos;
8-Diseñar un proyecto de ley de reforma tributaria que impacte sobre las clases sociales de mayores ingresos en beneficio de las menos pudientes, enviándolo al Congreso de la Nación para su tratamiento, con el propósito de recaudar más fondos para el erario público y reinvertirlos en políticas más eficaces de redistribución de la riqueza;
9-Implementar un real y efectivo sistema de equitativa coparticipación federal de los recursos económicos para que todas las provincias puedan contar con los fondos necesarios para su desenvolvimiento y de acuerdo a sus necesidades y prioridades;
10-Gestar diferentes tipos de políticas que aseguren la protección de la producción nacional a fin de resguardar los niveles de empleo y de consumo en el mercado interno, teniendo en cuenta las actuales perspectivas económicas regionales y mundiales;
11-Garantizar, desde el Estado, un régimen único y universal de previsión social para todos los argentinos, a fin de asegurar la solidaridad social, la justa retribución y el porvenir de quienes se acogen a la jubilación, en vista de que el sistema privado de capitalización, además de no ser incluyente, ha plasmado la grave injusticia de privilegiar la rentabilidad de las empresas administradoras en detrimento de lo debido a los aportantes.
Como mendocinos, y siendo parte involucrada en la actual situación nacional, pensamos que esta propuesta sólo tiene posibilidad de ser llevada a la práctica si la misma es respaldada por la mayoría de los sectores populares y de otros sectores de la sociedad que luchan por un porvenir mejor para todos los argentinos. Asimismo, creemos que en este planteo les cabe una responsabilidad indelegable tanto al gobierno como a los partidos políticos y a las organizaciones sociales que se pronuncian en favor de una mayor intervención del Estado en las distintas dimensiones de la realidad social.
El actual estallido financiero internacional obedece a una crisis peculiar de "valorizaciones ficticias" en el mercado y expresa a las claras las consecuencias de una economía basada en la libre competencia sin ningún tipo de regulación dentro del capitalismo global. Además, este hecho se asocia con la caída de los precios de las materias primas que habían experimentado un encarecimiento notable en los últimos tiempos por la demanda anticipada de los principales países consumidores del mundo, particularmente los orientales.
Estos procesos han puesto en evidencia los riesgos severos que genera este modelo especulativo de "falso crecimiento económico" y que coloca a los países periféricos como candidatos a sufrir los efectos de esta conmoción planetaria, de cuyo origen no tienen ninguna responsabilidad.
Ubicados en esta realidad, los participantes de "Carta Abierta Mendoza" queremos destacar que esta crisis mundial ya fue prevista por muchos economistas y anunciada desde hace tiempo. Y es por ello, que deseamos pronunciarnos ante la opinión pública en pos de una alternativa superadora del actual estilo de crecimiento económico reinante.
Nos definimos en favor de un modelo de desarrollo humanitario y sustentable que garantice condiciones de vida digna para todos los ciudadanos, lo que implica necesariamente una intervención activa por parte del Estado para garantizar una distribución equitativa de la riqueza generada en el país y un uso planificado de los recursos naturales que nos pertenecen con el fin de preservarlos para las futuras generaciones de argentinos.
Nuestra propuesta incluye:
1-Afianzar la integración de los países latinoamericanos consolidando tanto el bloque político de la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) como el naciente BANCO del SUR, instituciones que ayudan a fortalecer la base político-económica del modelo de desarrollo que deseamos;
2-Resguardar nuestras reservas monetarias del Banco Central sin comprometerlas con ningún tipo de pago ordinario o extraordinario de deuda externa en la actual coyuntura internacional;
3-Reconsiderar las concesiones otorgadas a los servicios públicos que fueron privatizados y que hoy son subsidiados por el Estado, evitando un aumento indiscriminado de tarifas y propendiendo a la re-estatización de aquellos que son más necesarios para el bien común;
4-Avanzar en la implementación de un impuesto o gravamen a los propietarios del principal núcleo sojero del país -localizado en la región pampeana- ya que el 70 % de las tierras que producen esta materia prima se encuentra en situación de arrendamiento, con lo cual los propietarios obtienen una ganancia extraordinaria sin inversión ni riesgo;
5-Mantener la actual política de retenciones agrícolo-ganaderas para las commodities que siguen siendo rentables, controlar la transferencia de capitales de los servicios públicos privatizados que están en manos de conglomerados extranjeros y regular actividades claves como la explotación de petróleo, gas y minerales estratégicos, recuperando la presencia estatal en esas áreas;
6-Normalizar, lo antes posible, al INDEC para obtener credibilidad y confianza, tanto en el plano interno como externo, respecto de las estadísticas que este organismo oficial proporciona en materia de inflación, tasa anual de crecimiento, monto del PBI, indicadores de pobreza e indigencia, etc.;
7-Evitar una acelerada devaluación del peso, que, de llevarse a cabo, implicaría una escalada inflacionaria y una pérdida notoria del valor del salario de la clase trabajadora, resguardando, al mismo tiempo, el actual nivel general de empleo frente a un creciente clima empresarial que preanuncia numerosos despidos;
8-Diseñar un proyecto de ley de reforma tributaria que impacte sobre las clases sociales de mayores ingresos en beneficio de las menos pudientes, enviándolo al Congreso de la Nación para su tratamiento, con el propósito de recaudar más fondos para el erario público y reinvertirlos en políticas más eficaces de redistribución de la riqueza;
9-Implementar un real y efectivo sistema de equitativa coparticipación federal de los recursos económicos para que todas las provincias puedan contar con los fondos necesarios para su desenvolvimiento y de acuerdo a sus necesidades y prioridades;
10-Gestar diferentes tipos de políticas que aseguren la protección de la producción nacional a fin de resguardar los niveles de empleo y de consumo en el mercado interno, teniendo en cuenta las actuales perspectivas económicas regionales y mundiales;
11-Garantizar, desde el Estado, un régimen único y universal de previsión social para todos los argentinos, a fin de asegurar la solidaridad social, la justa retribución y el porvenir de quienes se acogen a la jubilación, en vista de que el sistema privado de capitalización, además de no ser incluyente, ha plasmado la grave injusticia de privilegiar la rentabilidad de las empresas administradoras en detrimento de lo debido a los aportantes.
Como mendocinos, y siendo parte involucrada en la actual situación nacional, pensamos que esta propuesta sólo tiene posibilidad de ser llevada a la práctica si la misma es respaldada por la mayoría de los sectores populares y de otros sectores de la sociedad que luchan por un porvenir mejor para todos los argentinos. Asimismo, creemos que en este planteo les cabe una responsabilidad indelegable tanto al gobierno como a los partidos políticos y a las organizaciones sociales que se pronuncian en favor de una mayor intervención del Estado en las distintas dimensiones de la realidad social.
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